El exministro del Interior y extitular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, está a punto de sentarse en el banquillo de acusado judicial. El 18 de febrero arranca su juicio oral y público por cohecho pasivo agravado: Se lo acusa de haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola, un narco brasileño que hoy está tras las rejas.
La cosa no queda ahí. La Fiscalía quiere meter más pruebas en el expediente, incluyendo registros de llamadas y mensajes con otro pez gordo, Lindomar Reges Furtado, capturado en Río de Janeiro. Si se confirma que Giuzzio hablaba directamente con él, el caso se le complica todavía más.
El historial del exministro no ayuda: levantó controles antidrogas en puertos, usó una camioneta “prestada” por Espíndola para un viaje familiar y manejó de forma irregular equipos de inteligencia. Todo eso alimenta la sospecha de que su gestión dejó el “arco libre” al crimen organizado.
Mientras tanto, Giuzzio intenta apelar una decisión del juez Rodrigo Estigarribia, pero todo indica que la Cámara de Apelaciones le va a cerrar la puerta. En resumen, el exministro que debía combatir al narco ahora enfrenta acusaciones de haberse aliado con él.
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